Faltos de palabra

Faltos de palabra
Luis Javier Valero Flores

En Chihuahua se les dice de otra manera, pues se deplora grandemente no honrar la palabra empeñada. De otro modo, a quienes no cumplen con sus compromisos, y peor aún, los traicionan, se les acusa de carentes del afecto maternal.

No de otra manera puede catalogarse la ilegal, abusiva y traidora detención, el martes pasado, de Flavio Sosa, uno de los más conocidos dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por elementos de la PGR.

Sosa y otros dirigentes del movimiento oaxaqueño habían concertado entrevistarse con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para discutir algunas posibles medidas de solución al largo y violento conflicto de aquella entidad. Citados exprofesamente por los funcionarios federales a la ciudad de México fueron detenidos al salir de una conferencia de prensa.
La detención está plagada de ilegalidades. Junto con Flavio Sosa fueron detenidos su hermano Horacio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia, lesiones calificadas, daños dolosos, por incendio, sedición y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por jueces federales y de Oaxaca. Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano no tenían órdenes de aprehensión pero ¡Se les inició una averiguación previa por oponerse a la detención en el momento de los hechos!

Luego, Flavio Sosa fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras su hermano Horacio fue trasladado al CEFERESO 4, El Rincón, Nayarit. La detención de los hermanos Sosa se hizo ­pese a que contaban con tres amparos de la justicia federal­ y sucede una semana después de la aprehensión de su hermano Erick, recluido en el penal federal de Matamoros, por cargos similares.

La detención de Flavio Sosa y demás dirigentes es una grave agresión, no sólo a los derechos constitucionales de los detenidos, también es un ominoso mensaje del gobierno federal a las fuerzas políticas y populares de la oposición y es una clara evidencia del creciente clima de ingobernabilidad existente en aquella entidad.

La detención de quien ahora es acusado de ser un vándalo –y nuevamente, qué raro, se desata un linchamiento mediático contra el dirigente oaxaqueño- se hizo mediante las peores armas: El engaño y la traición.

Por añadidura, la detención se efectuó por elementos de los cuerpos policíacos federales, sin que existieran –o les mostraran a los detenidos- las respectivas órdenes de aprehensión y los exhortos que debió enviar la Procuraduría de Justicia de Oaxaca. Más aún, todavía hasta ayer por la mañana se informaba que los jueces federales estaban integrando las averiguaciones previas de la probable comisión de delitos federales. A esas ilegalidades se suma el hecho, anticonstitucional, de someterlos a prisión en el Estado de México.

Los hechos que aquí comentamos tienen como origen directo el amplio rechazo existente en la entidad al Gobernador Ulises Ruiz y son los últimos acontecimientos de la grave crisis política por la que pasan los habitantes de aquella entidad.

Pero si hubiera esperanza de encontrar, en el gobierno federal, algún ánimo “componedor” de la situación, las expresiones lanzadas por los senadores del PAN y la actitud de los priistas las echó por tierra. Los panistas aplaudieron estruendosamente la detención de los dirigentes de la APPO, en tanto que los asesinos del camarógrafo estadounidense, Brad Will, están libres, y los luchadores sociales y simpatizantes de la agrupación popular en prisiones de alta seguridad, y eso a pesar de que el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, llamaba “Don Flavio" a quien ahora consideran un delincuente que debe ser recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya debido a su elevada “peligrosidad”, según manifiestan, por sus actos, los captores del dirigente oaxaqueño.

Pero la detención de estos dirigentes es sólo la parte más visible de la política de “arrasamiento”, instrumentada por el gobierno federal para sostener al gobernador priista Ulises Ruiz. En estos momentos existen 525 detenidos, 60 sin presentar ante ninguna autoridad y en el curso del conflicto se han presentado 17 asesinatos. Más. A todos los encarcelados se les apresó sin órdenes de detención y fueron golpeados y trasladados a cárceles de otros estados, en especial a Nayarit, esto es, a más 1200 kilómetros de Oaxaca.

Por si les faltara algo, a todos los detenidos –sin excepción alguna, gente de escasos recursos económicos- los jueces les fijaron, individualmente, una fianza de 4 millones de pesos (a los que les alcanza ese beneficio de acuerdo con la ley), con lo que se viola una garantía más de cada uno de los detenidos, la del debido juicio, pues solo personas solventes económicamente podrían afrontar los gastos de un juicio que se celebra tan lejos del lugar de residencia.

No es motivo para el festejo del gobierno federal –por supuesto para el oaxaqueño tampoco- las presentes detenciones, lejos de abonar a la construcción de un clima de diálogo y de mesura, la decisión gubernamental radicalizará el conflicto y volverá todavía más lejana la posibilidad de solucionarlo.

Y para quienes piensan que la APPO es una organización de “vándalos”, cabe aclararles que, por ejemplo, en ella participan de manera más que activa los sindicatos de telefonistas, del Seguro Social, del Gobierno del Estado, de la Universidad Benito Juárez, de los principales sindicatos de los ayuntamientos, además de la sección 22 del magisterio; no se trata, pues, de cualquier organismo marginal, con gente “radical” intransigente e irreflexiva.

Sirva de ejemplo, tan sólo, que quizá el más reconocido oaxaqueño de nuestros días, el pintor Francisco Toledo, encabezó la creación del Comité de Liberación 25 de Noviembre de los detenidos. En esa tarea lo acompañan, entre otros, escritores, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y representantes de la Iglesia católica. La lista de quienes integran ese comité impresiona: Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Graciela Iturbide, Demián Flores, Rafael Barajas El Fisgón, Gabriel Macotela, Angeles Romero Frizzi, Sara Méndez Morales, Alejandro de Avila Blomberg, Claudina López Morales, Alma Soto, César Mayoral Figueroa, Israel Ochoa Lara, Armando Figueroa, Casiano Luis Mejía, Arturo Peimbert y Romualdo Wilfredo Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca.

Dichos de manera muy “queda”, con una voz suave, los juicios de Toledo ilustran bien la situación: “Durante el movimiento magisterial y popular han habido muchos crímenes contra integrantes de la APPO, pero los responsables no están en la cárcel, y a quienes se les agarra, después se les suelta”.

¡Ah pero ahora sí hasta el senador panista, Federico Döring afirma que "sería sano que Ulises Ruiz dejara la gubernatura de Oaxaca", pero unas semanas atrás había sostenido, con su voto, lo contrario.

PD.- A cinco meses de las elecciones y en homenaje a quien es capaz de mantener una postura digna, acorde con sus principios, bueno es repetirlo: Es un honor estar con Obrador.